Ensayos

Para todos, todo: patrimonio digital, dominio público e inteligencia artificial desde las bibliotecas latinoamericanas

17 junio, 2026

En los últimos meses, en una de las listas de correo profesionales en las que participo como bibliotecario, circularon dos textos que se quedaron resonando en mi trabajo cotidiano. Por un lado, la Open Heritage Statement, una declaración que invita a comprometerse con el acceso equitativo al patrimonio cultural en dominio público en el entorno digital. Por otro, el artículo “Cultural Heritage and AI: How Institutions Can Reclaim Control of Their Data”, publicado por Mozilla Data Collective, que describe el asedio de los bots de entrenamiento de inteligencia artificial sobre colecciones de galerías, bibliotecas, archivos y museos.

Ambos textos dialogan directamente con una preocupación que vengo trabajando desde hace tiempo: cómo pensar las inteligencias artificiales desde las bibliotecas, sin ingenuidad tecnológica y sin renunciar a nuestra vocación de apertura. Como profesional que vive todos los días la tensión entre servicios en línea, infraestructura limitada y discursos triunfalistas sobre “lo abierto” y “lo inteligente”, encontré en estas lecturas un espejo incómodo. Dicen mucho de lo que necesitamos discutir, pero también dejan fuera preguntas cruciales sobre desigualdad, redistribución y la perspectiva situada de quienes trabajamos con patrimonio en América Latina.

En este ensayo quiero defender una idea simple pero incómoda: ni la defensa “neutral” de la apertura del dominio público ni las soluciones de gobernanza basadas en plataformas y contratos alcanzan para enfrentar el extractivismo de datos y las desigualdades que atraviesan hoy al patrimonio digital. Se propone leer estos dos textos desde una perspectiva situada, latinoamericana y bibliotecaria, articulada con tradiciones latinoamericanas de los bienes comunes, como la consigna zapatista “para todos, todo”. Desde ahí, podemos pensar una hipótesis: que la verdadera apertura del patrimonio cultural sólo tiene sentido si se articula con redistribución, presencia estatal, responsabilidad comunitaria y un rol activo de las instituciones GLAM como espacios de autogobierno de la memoria, y no sólo como proveedoras de datos para la industria tecnológica.

Qué dicen la Open Heritage Statement y Mozilla Data Collective

La Open Heritage Statement es una declaración impulsada desde el ecosistema de Creative Commons y alineada con el marco normativo de UNESCO sobre derechos culturales y transformación digital. Su punto de partida es claro: el patrimonio que ya está en dominio público es un bien común que debería ser accesible sin barreras indebidas, también en el entorno digital. Para eso, el texto propone dos cosas principales. Primero, un preámbulo que reconoce el valor del dominio público, las brechas tecnológicas y geográficas, las trabas legales y contractuales, e incluso los problemas de accesibilidad y estandarización de metadatos. Segundo, un conjunto de diecisiete artículos que afirman que no deben crearse nuevos derechos de autor sobre reproducciones no originales, que no deberían usarse contratos ni medidas técnicas para restringir el dominio público, y que hacen un llamado a compartir estos materiales mediante herramientas estandarizadas y reconocibles, garantizando a la vez el reconocimiento de instituciones y comunidades de origen.

El artículo de Mozilla Data Collective, en cambio, arranca desde una urgencia muy concreta: los bots de entrenamiento de IA que están recorriendo, sin pedir permiso, las colecciones digitales del sector GLAM. A partir de un informe del GLAM‑E Lab, el texto describe cómo estos bots generan aumentos bruscos de tráfico, saturan servidores, encarecen la infraestructura y dejan a muchas instituciones contra la pared, sin recursos ni marcos legales claros para responder. Frente a este escenario, propone la creación de la plataforma Mozilla Data Collective como una nueva forma de gobernanza de datos culturales: un espacio donde las instituciones puedan cargar sus datasets, elegir licencias, fijar condiciones de uso (por ejemplo, excluir la vigilancia o ciertos usos comerciales) y eventualmente cobrar por el acceso, conservando siempre la propiedad y el control. Así, mientras la Open Heritage Statement sueña con un dominio público digital liberado de ataduras, el texto de Mozilla intenta responder a la cara más agresiva del “open” en tiempos de IA: la extracción masiva de patrimonio cultural transformado en combustible para modelos propietarios.

Apertura sin redistribución y gobernanza sin enforcement

La Open Heritage Statement se concentra en desmontar barreras legales, contractuales y técnicas que hoy restringen el acceso al dominio público, pero dice muy poco sobre cómo se distribuyen los beneficios de esa apertura en un ecosistema desigual, marcado por la concentración de infraestructura, plataformas y capacidades técnicas en manos de unos pocos actores globales. Si abrimos “todo para todos” sin preguntarnos quién tiene realmente la capacidad de capturar valor de ese dominio público —quién puede indexarlo, traducirlo, entrenar modelos con él, monetizarlo— corremos el riesgo de profundizar desigualdades ya existentes: el patrimonio financiado con recursos públicos termina alimentando ciclos de acumulación privada en la economía de datos.

El texto de Mozilla Data Collective reconoce mejor este costado oscuro del “open”: los bots de entrenamiento de IA que saturan servidores y convierten colecciones digitales en cantera de datos, sin diálogo ni reciprocidad con las instituciones que los custodian. Sin embargo, su respuesta descansa casi por completo en una nueva capa de gobernanza contractual y en una plataforma intermediaria. MDC puede ordenar relaciones entre actores que aceptan entrar en ese juego, pero tiene un alcance limitado frente a empresas que ya hoy ignoran robots.txt, bloqueos de IP o marcos normativos débiles o fragmentados. La historia reciente nos ofrece un caso testigo: Google Books como gran proyecto de digitalización masiva de fondos bibliotecarios, fuertemente criticado por autores como Ariel Vercelli por el modo en que privatiza escaneos de colecciones públicas y redefine, desde Silicon Valley, las condiciones de acceso a la palabra escrita. Ese precedente muestra que confiar sólo en derechos de autor, contratos o “buenas prácticas” de plataforma frente a actores con poder casi monopólico deja a las bibliotecas en una posición estructuralmente desventajosa, incluso cuando la retórica es la de la apertura y el acceso al conocimiento para todos.

“Para todos, todo” en clave patrimonial

Para intentar salir de este callejón, vuelvo a una consigna que rescata experiencias latinoamericanas desde otros territorios de lucha: “para todos, todo”. Nacida del zapatismo, esta frase no habla de un acceso abstracto e indiferenciado, sino de una apuesta política por los bienes comunes, la dignidad y la redistribución desde abajo. Trasladada al campo del patrimonio cultural digital, no significa simplemente que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda reutilizar cualquier obra en dominio público sin condiciones, sino que las comunidades y pueblos —especialmente quienes han sido históricamente despojados— tengan capacidad real de decidir qué se comparte, cómo se describe, en qué lenguas, bajo qué licencias, con qué límites y con qué retornos materiales y simbólicos.

Desde esta mirada, el dominio público deja de ser únicamente una categoría jurídico‑técnica y se vuelve un campo de disputa por la memoria y por la justicia. Abrir colecciones sí, pero preguntándonos al mismo tiempo qué formas de reparación, redistribución y soberanía de datos acompañan esa apertura. Un “para todos, todo” de la cultura y el conocimiento implica, por ejemplo, reconocer que hay materiales que no deberían circular sin consentimiento de sus comunidades de origen; que las ganancias generadas por modelos de IA entrenados con patrimonio público no pueden quedar íntegramente en manos de unas pocas empresas; y que los marcos globales de acceso abierto deben dialogar con experiencias latinoamericanas de bienes comunes que entienden lo común no sólo como recurso, sino como tejido de relaciones, instituciones y luchas.

Bibliotecas, archivos y museos como espacios de autogobierno del patrimonio

Si asumimos en serio esa lectura, el lugar de las instituciones GLAM cambia de manera importante. No son sólo custodias técnicas ni “proveedoras de datasets” para la industria de la IA, como a veces parecen sugerir tanto la Open Heritage Statement como el artículo de Mozilla Data Collective. Son, o podrían ser, espacios donde se negocia socialmente el sentido del patrimonio: qué se conserva, qué se prioriza para la digitalización, qué vocabularios se usan, qué advertencias y contextos acompañan a las obras, con quién se conversa cuando hay conflictos sobre usos posibles. En otras palabras, lugares de autogobierno de la memoria, donde se cruzan prácticas profesionales, derechos culturales y disputas políticas muy concretas.

El propio texto de MDC reconoce que las galerías, bibliotecas, archivos y museos “salvaguardan la memoria cultural de la humanidad” y que deberían ser participantes “activos, valorados y soberanos” en la economía de datos de la IA, pero esa soberanía queda encorsetada en términos de licencias y contratos. La Open Heritage Statement, por su parte, menciona la necesidad de desarrollar capacidades técnicas y legales, de asegurar infraestructuras y de involucrar a las comunidades de origen, pero no termina de traducir eso en formas concretas de co‑gobernanza que desborden los marcos normativos internacionales. Desde nuestra práctica bibliotecaria en América Latina, podemos empujar esa frontera: pensar a las instituciones no sólo como implementadoras de declaraciones o usuarias de plataformas, sino como nodos donde se articulan Estado, comunidades y trabajadores de la cultura para decidir, con criterios propios, qué significa abrir y qué significa cuidar.

Pistas para un “para todos, todo” desde las bibliotecas

En este horizonte, las bibliotecas ocupan un lugar privilegiado. Por su historia, su capilaridad territorial y su vocación de servicio público, son espacios donde se hace visible, a escala humana, la tensión entre acceso y cuidado. Desde las bibliotecas podemos impulsar debates sobre IA, dominio público y extractivismo de datos que no queden restringidos a ámbitos jurídicos o tecnocráticos, sino que involucren a lectoras y lectores, sindicatos, organizaciones comunitarias y movimientos por los bienes comunes. Podemos también ensayar políticas propias: cláusulas éticas que excluyan ciertos usos (vigilancia, represión, militarización), mecanismos de participación de comunidades de origen en la definición de condiciones de acceso, protocolos para decidir qué no se digitaliza o qué se digitaliza pero no se libera abiertamente sin consentimiento.

Un “para todos, todo” bibliotecario no se agota en colgar PDFs o datasets en un servidor con una licencia atractiva para la academia del Norte. Pasa por disputar recursos para sostener infraestructuras públicas de preservación y acceso; por exigir marcos regulatorios que hagan rendir cuentas a las grandes tecnológicas que entrenan modelos con patrimonio financiado socialmente; por construir alianzas regionales que nos permitan negociar colectivamente condiciones de uso de nuestros fondos. Pasa, sobre todo, por entender que la pregunta no es sólo cuántas colecciones están abiertas, sino quién decide, con qué poder y en nombre de quién se abre. Desde ahí, quizás, la consigna zapatista empieza a encontrar una traducción posible para el campo del patrimonio digital: que el dominio público, las tecnologías y la inteligencia artificial estén efectivamente al servicio de todas y todos, y no sólo de quienes hoy concentran los medios para explotarlos.

Referencias

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